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¿Seguridad a cambio de democracia? El experimento Bukele y su costo para El Salvador

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Mientras algunos celebran la mano dura y los logros en seguridad, otros ven con preocupación cómo El Salvador recorre un camino ya conocido en América Latina: el de las dictaduras con rostro popular. Nayib Bukele ha consolidado su poder y ahora tiene vía libre para reelegirse indefinidamente. ¿A cambio de qué?

Un líder popular con poder absoluto:
Con un 85% de los votos en su reelección de 2024 y el control casi total de la Asamblea Legislativa, Bukele ha llevado adelante reformas que eliminan la segunda vuelta electoral, amplían el mandato presidencial y abren la puerta a una reelección indefinida. Todo esto se ha hecho sin debate ciudadano y con rapidez legislativa alarmante.

¿Seguridad o autoritarismo?
Bukele ha logrado reducir drásticamente los índices de criminalidad, un logro innegable. Pero la pregunta incómoda es: ¿justifica eso la concentración del poder, la eliminación de contrapesos democráticos y la represión de voces críticas? La historia latinoamericana nos advierte que los gobiernos que empiezan así rara vez terminan bien.

Mientras en redes sociales se autodenomina “el dictador más cool del mundo mundial”, Bukele ha construido un aparato de poder sin frenos, respaldado por una narrativa de eficiencia, modernidad y lucha contra la corrupción. Pero detrás del espectáculo hay activistas detenidos, instituciones debilitadas y reformas hechas a espaldas de la ciudadanía

Un modelo que se expande
Desde fuera, algunos lo ven como ejemplo: “necesitamos un Bukele”, dicen voces en países azotados por el crimen. Pero exportar ese modelo es ignorar el alto costo institucional que conlleva. Como advirtió Human Rights Watch, El Salvador recorre el mismo camino que Venezuela y Nicaragua.

Quizás no veamos tanques en las calles ni censura abierta, pero cuando la alternancia de poder se elimina, la democracia ya ha muerto, incluso si sigue votándose. ¿Estamos dispuestos a normalizarlo solo porque “funciona”? Los pueblos tienen derecho a vivir en seguridad, pero también en libertad. Y ambas cosas no deberían ser excluyentes.

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