La propuesta de reforma al Código de Trabajo presentada por el Gobierno busca fortalecer los derechos individuales y colectivos, además de garantizar una mayor participación de los dominicanos en los empleos de los sectores productivos.
Así lo afirmó el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, durante su participación como invitado principal en la reunión de la comisión especial del Senado que analiza el proyecto de modificación a la Ley 16-92, marco regulador del sistema laboral en el país.
“Con este fortalecimiento, lograremos que más dominicanos y dominicanas ocupen los puestos de trabajo disponibles en la República Dominicana”, aseguró De Camps, quien enfatizó que la reforma no afectará los derechos adquiridos por los empleados.
El funcionario subrayó que el consenso alcanzado entre el Gobierno y el sector tripartito garantiza que no se altere el sistema de cesantía vigente. Por esta razón, explicó que el proyecto presentado el pasado 10 de octubre al Senado no incluye modificaciones relacionadas con las prestaciones laborales. Sin embargo, algunas organizaciones, como la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), han propuesto reemplazar la indemnización económica por un seguro para empleados, iniciativa que no ha encontrado respaldo entre los senadores.
Nuevas medidas propuestas
De Camps destacó que la visión del presidente Luis Abinader sobre el sector laboral se fundamenta en cinco bloques de mejoras:
- El fortalecimiento de los procedimientos laborales.
- La ampliación de derechos individuales.
- La inclusión de los trabajadores domésticos en el marco regulador.
- La incorporación del teletrabajo como modalidad reconocida.
- El robustecimiento de los artículos relacionados con sanciones y la protección de los derechos laborales.
Además, mencionó la creación de un “Juez de la Conciliación”, una figura especial que busca agilizar la resolución de conflictos laborales y reducir la carga de casos en los tribunales. Estas medidas surgen de un diálogo iniciado en 2022 con la participación de más de 100 entidades gubernamentales, empresariales y sociales.