La abogada de Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado en la estafa inmobiliaria que el Ministerio Público ha bautizado como Operación Nido, aseguró que «todo» el proceso de venta de los proyectos inmobiliarios que hizo su cliente se hizo de manera legal y que el caso, más que un tema penal es un «conflicto contractual», que se originó por las «complejidades del mundo de la construcción».
Emery Colomby Rodríguez, defensora de Rivera Ledesma, habló durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva al encartado, a su hijo, de 23 años y a su hermana, este lunes en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
A Rivera Ledesma se le acusa junto a su familia de estafar a más de 300 personas, la mayoría dominicanos residentes en Estados Unidos, a las que les ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Se les acusa, además de estafas, de falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas que habrían invertido 700 millones de pesos.
Según Rodríguez, su cliente construye apartamentos, los pone en el mercado y los vende «no que se haya armado un esquema fraudulento» porque, de acuerdo a la togada, «sí están los títulos de propiedades» y lo que pasas es que la documentación no está completa por la burocracia que hay que agotar con las instituciones del Estado.
«Las propiedades no se vendieron a varios compradores, eso no es cierto», sostuvo Rodríguez, quien negó también que su cliente haya incurrido en gastos de millones en vehículos, viajes, restaurantes y que se vendieran inmuebles sin tener derecho de propiedad.
La jueza Yanibet Rivas revisa la prisión preventiva que se impuso contra Rivera Ledesma, su hijo Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, su hermana Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, este último financiero de los proyectos. Como en cada audiencia del caso, este lunes un grupo de afectados se manifestó frente al Palacio de Jusiticia.
Su esposa y una hija tienen grilletes
María Gabriela Rivera Pichardo (hija de Rivera Ledesma) y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa) tienen coerción de garantía económica a través de una compañía asegura, localizador electrónico (grilletes) e impedimento de salida del país.
Según el Ministerio Público, la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento con el cual estafaron a las más de 300 víctimas.