Santo Domingo. – La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó recientemente acusación formal en la presunta trama criminal para desfalcar al Estado dominicano por más de 41 mil millones de pesos, estructura que quedó destapada en la denominada “Operación Calamar”.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes indagó sobre estos acusados que se han unido a la larga lista de imputados en el escándalo que desde el 2012 en el gobierno de Danilo Medina estuvo funcionando en el Ministerio de Hacienda, pero que su mayor impulso se logró a partir del 2016.
que mantiene en su punto de mira a los presuntos cabecillas de la trama, como los exfuncionarios Donald Guerrero, exministro de Hacienda a la cabeza; seguido de los supuestos ejecutores: José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia; y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas; junto a otros acusados previos como Daniel De Jesús, Marcial Reyes, Ramón David Hernández y una larga lista de empresarios, funcionarios y presuntos testaferros.
Entre los recién acusados de se destaca Rafael Calderón Martínez, exsenador por Azua por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Otros nombres que se suman al expediente son Rosa Arias Ruíz, Omar Manuel Miqui Arias, Marino Cabrera Ramón, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Citrón, Nathaly Hernández Guzmán, Natividad Martínez Capellán, Kimberly Zayas Martínez, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Aunados a estos, la acusación también contempla a Princesa Alexandra García Medina, quien pese a ser mencionada inicialmente, no enfrentó cargos en la primera fase de la Operación Calamar.
Pero, ¿Quiénes son exactamente estos nuevos imputados en el caso Calamar y cuál fue su papel en el presunto desfalco millonario?
Rafael Calderón
El Ministerio Público acusa al exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión, estafa contra el Estado, uso de documentos falsos, soborno, financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de activos.
Este supuestamente aprovechó su condición de legislador para captar personas con reclamos por deuda pública y obtener beneficios personales, canalizando pagos irregulares a cambio de sobornos, en connivencia con funcionarios del Ministerio de Hacienda y allegados.
Rosa Arias Ruiz y Omar Manuel Miqui Arias
En la solicitud de medida de coerción en el caso Calamar, Rosa Arias Ruiz y su hijo Omar Manuel Miqui Arias, enfrentarían cargos como autores y cómplices de estafa. También por el uso de documentos falsos, asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.
Arias Ruiz, notario público, supuestamente legalizó y certificó una firma falsificada en un acto de cesión de crédito, dándole visos de legalidad. Esto permitió a su hijo, Omar Manuel Miqui Arias, representante de Miqui Trade, apropiarse indebidamente de valores no adeudados y estafar al Estado.
Miqui Arias presuntamente falsificó la firma de Francisco Ortega, de ORLA Ingenieros y Equipos. Así pudo desviar fondos públicos destinados al pago de una deuda por la construcción de un centro penitenciario. Además, habría exigido un soborno del 45% del monto adeudado a Ortega. Para ello, se asoció con Rafael Calderón, quien tendría vínculos con el entonces ministro Donald Guerrero.
Marino Cabrera Ramón
En el caso de Marino Cabrera Ramón, el Ministerio Público lo señala como autor de uso de documentos falsos. Así como de asociación de malhechores, estafa agravada contra el Estado, soborno y lavado de activos.
Se le acusa de prestanombre en el caso Calamar para recibir fondos, asociándose con otros implicados para firmar cesiones falsas y cobrar sobornos relacionados con pagos por expropiaciones. Todo esto tramitado ante el Ministerio de Hacienda. Además, habría hecho uso de documentos falsos para hacerse transferir fondos públicos.
César Miguel Santana Martínez
A esta lista se suma el abogado César Miguel Santana Martínez; conforme al Ministerio Público, este colaboró en la instrumentación de cesiones de crédito ficticias, solicitó pagos por soborno de forma directa, firmó cesiones para recibir esos sobornos y asesoró a otros miembros en la comisión de la estafa. Se le sindica además de extorsionar a beneficiarios de pagos por expropiación, amenazándolos con no recibir los fondos si no accedían a pagos indebidos.
Como abogado sujeto a la ley antilavado, habría movilizado activos para darles apariencia de legalidad. Enfrentaría cargos como autor de uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos.
Mabel Sahina Mejía Citrón
A Mabel Sahina Mejía Citrón, el Ministerio Público la sindica como autora de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos, según los artículos varios del Código Penal y la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Presuntamente, se asoció con su esposo Edwin Oscar Brito Martínez y Rafael Calderón para firmar cesiones de crédito ficticias y cobrar sobornos destinados a la tramitación irregular de pagos por expropiaciones ante el Ministerio de Hacienda.
Se le acusa en la Operación Calamar de contribuir a la consumación de estafas contra el Estado, sobornos y lavado de activos, al recibir fondos ilícitos en sus cuentas bajo el amparo de esas cesiones falsas, para luego transferirlos a otros imputados y dar apariencia de legalidad.
Nathaly Hernández Guzmán
Además, figura Nathaly Hernández Guzmán, a quien el Ministerio Público sindica de servir de testaferro para recibir fondos provenientes del pago de sobornos, a través de cesiones de crédito ficticias sobre pagos por expropiaciones. Supuestamente, ocultaba que los beneficiarios reales eran el exsenador Rafael Calderón Martínez y la estructura criminal liderada por Ángel Donald Guerrero Ortiz.
Es acusada de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, prevaricación, uso de documentos falsos, soborno y lavado de activos.
Natividad Martínez Capellán y Kimberly Zayas Martínez
Según el Ministerio Público, Natividad Martínez Capellán y Kimberly Zayas Martínez, madre y hermana de Edwin Brito Martínez, respectivamente, sirvieron como prestanombres para recibir fondos provenientes de sobornos mediante el uso de documentos falsos y cesiones de crédito ficticias.
Martínez Capellán enfrentaría cargos como autora de uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos. Mientras que Zayas Martínez sería acusada de asociación de malhechores, cómplice de estafa contra el Estado y autora de lavado de activos.
Presuntamente, se asociaron con otros implicados para firmar cesiones falsas, cobrar sobornos vinculados a pagos por expropiaciones en el Ministerio de Hacienda. Habrían movilizado los fondos ilícitos recibidos para aparentar su legalidad, utilizando parte del dinero para pagar un préstamo hipotecario.
Manuel Milcíades Morilla Gil y Manuel Milcíades Morilla Soto
Manuel Milcíades Morilla Gil y su padre Manuel Milcíades Morilla Soto están acusados de haber defraudado al Estado dominicano. Según el expediente, ambos recibieron pagos por expropiaciones de terrenos, sin ser legítimos beneficiarios, mediante el uso de documentos falsos y el pago de sobornos.
Ambos acusados, junto con Alejandro Constanzo, Ángel Lockward y otros, operaban bajo la dirección de Donald Guerrero desde el Ministerio de Hacienda. Se les imputa haber recibido más de 669 millones de pesos del Estado por terrenos sin justificación legítima. De esa cifra pagaron 435 millones de pesos en sobornos.
Las conductas de los acusados son tipificadas como uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa, soborno y lavado de activos, según los artículos del Código Penal Dominicano y leyes contra la corrupción y el lavado de dinero.
Daniel Alberto Guerrero Mena
También figura en el expediente Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del exministro Donald Guerrero. Está acusado por el Ministerio Público de realizar maniobras fraudulentas para estafar al Estado a través de la empresa Intercaribe Mercantil.
A través de esta empresa, constituida en 2013 con el fin de suministrar AC-30 a las empresas de Mustafa Abu Naba’a, Guerrero Mena usó documentos falsos y simuló traspasos de acciones para ocultar a los verdaderos beneficiarios y obtener beneficios ilegítimos de programas destinados a contratistas del Ministerio de Obras Públicas, sin tener ningún contrato con este ministerio.
Supuestamente, Guerrero Mena se asoció con su padre y con Gonzalo Castillo para extorsionar a Mustafa Abu Naba’a, exigiéndole firmar un contrato en el que Intercaribe Mercantil proveería AC-30 al Ministerio de Obras Públicas como condición para que se le pagaran deudas pendientes.
Además, de que había utilizado líneas de crédito del Banco de Reservas, obligando a esa entidad a pagar intereses generados por transacciones privadas. Ya que Intercaribe Mercantil nunca fue contratista del Estado. Durante la gestión de su padre como ministro de Hacienda, se emitieron libramientos a favor de su empresa por contratos gestionados ilegalmente.
Guerrero Mena está acusado de usar documentos falsos, asociación de malhechores, extorsión, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Princesa Alexandra García Medina
La acusación del Ministerio Público incluye a Princesa Alexandra García Medina, quien como directora del Departamento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, aprobó y celebró libramientos de pagos fraudulentos, omitiendo procedimientos legales y autorizando pagos indebidos.
También que ignoró las evaluaciones de sus técnicos, quienes advertían que los pagos no procedían, y se asoció con Donald Guerrero y Ramón Emilio Jiménez. Como compensación, recibió un apartamento valorado en 160 mil dólares.
García Medina es responsable de múltiples delitos, entre ellos: asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, entre otros.
Entre los nuevos involucrados en el expediente Calamar figuran los empresarios Mustafa Abu Naba’a y José Miguel González Cuadra. Sin embargo, ninguno ha sido formalmente acusado.
