El día de hoy es crucial para los legisladores y funcionarios juramentados el pasado 16 de agosto, ya que se cumple el plazo establecido por la ley para que presenten ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio. Este proceso, estipulado en la Ley 311-14, exige que los funcionarios públicos sometan su declaración dentro de los 30 días posteriores a su toma de posesión, con el fin de transparentar el estado de sus bienes.
Hasta el 11 de septiembre, según el órgano de control de recursos públicos, solo 20 de los 190 diputados y cuatro de los 32 senadores habían notificado sus declaraciones para revisión previa al depósito. De los 222 legisladores, se registraron 111 interacciones en la plataforma digital destinada para completar el proceso.
Varios congresistas han expresado su preocupación por las dificultades que implica la cantidad de información requerida, lo que podría haber generado demoras en el proceso. El procedimiento incluye completar un registro digital, llenar un formulario con los datos correspondientes y adjuntar la documentación necesaria, para luego ser validada y presentada de manera física.
En 2021, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0405/21, subrayó que el propósito de la Ley 311-14 va más allá de la simple presentación de la declaración en los plazos establecidos. Las informaciones recogidas deben ser verificadas por las autoridades competentes, no solo para detectar inconsistencias y posibles casos de enriquecimiento ilícito, sino también para prevenir infracciones.
