Desde 2013 hasta mediados de 2024, la educación pública en República Dominicana ha recibido cerca de 2 billones de pesos. A pesar del aumento continuo del presupuesto, el sistema educativo sigue enfrentando problemas estructurales como la falta de cupos por escasez de aulas, altas tasas de deserción, malas condiciones de infraestructura, y una baja calidad en la enseñanza.
La Ley 66-97, aprobada en 2013, asignó un 4% del PIB a la educación, con la promesa de mejoras significativas en la calidad educativa, infraestructura y rendimiento académico. Sin embargo, once años después, estos objetivos siguen sin cumplirse.
Aunque se han realizado inversiones considerables, los avances han sido insuficientes. Durante la pandemia de Covid-19, las debilidades del sistema se hicieron aún más evidentes, afectando gravemente la continuidad educativa y exacerbando las desigualdades.
En los últimos años, aunque los presupuestos han sido elevados, los problemas persistentes incluyen un déficit de más de 7,000 aulas, una escasez de docentes, y el mal estado del mobiliario y equipamiento en los centros educativos. Para el año escolar 2024-2025, los centros educativos públicos no pueden satisfacer la demanda de los estudiantes, lo que ha llevado a acuerdos con colegios privados para garantizar la educación de aquellos sin cupos en el sistema público.
