Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, reafirmó este lunes su compromiso con la aplicación plena de la Ley 34-23, que establece el marco legal para garantizar los derechos y la inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el país. La declaración fue ofrecida durante su participación en el encuentro semanal “La Semanal con la Prensa”.

El mandatario reconoció que, si bien la ley fue promulgada en junio de 2023, aún no cuenta con el presupuesto completo para su implementación total. No obstante, afirmó que ya se han asignado fondos iniciales y que el Gobierno contempla una partida significativa en el proyecto de presupuesto nacional para el año 2026, con el objetivo de avanzar en su ejecución efectiva.

“Esta ley representa un paso trascendental en materia de salud, educación e inclusión social. Estamos trabajando para que reciba el respaldo financiero que merece”, expresó el presidente, quien también destacó la necesidad de esta normativa para miles de familias dominicanas.

La Ley 34-23 tiene como propósito regular la atención, protección e inclusión de las personas con TEA en la sociedad, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. También prevé la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional y espacios de trabajo conjunto entre entidades públicas y privadas. Su reglamento contempla que los organismos del Estado puedan desarrollar programas de apoyo, en tanto las iniciativas de voluntariado no persigan fines lucrativos.

Sin embargo, desde la sociedad civil se han levantado voces críticas respecto al ritmo de implementación. Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, denunció que el Gobierno no cumplió con lo estipulado por la ley durante el año 2024. A través de una nota de prensa, el activista cuestionó el retraso en la ejecución de los compromisos asumidos, advirtiendo que miles de familias siguen sin acceso a los servicios prometidos.

Pese al escenario de críticas, desde el Ejecutivo se insiste en que la voluntad política existe, y que los esfuerzos presupuestarios en los próximos años estarán enfocados en garantizar que la Ley 34-23 no quede en letra muerta, sino que se traduzca en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de esta población.